Según la Asociación
Española de Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), el 30,6
% de la población
española está manteniendo con el pago de sus impuestos al 69,4
%restante. Sólo 14 millones de contribuyentes, entre los que se
incluye a trabajadores por cuenta propia y los que trabajan por cuenta ajena en
el sector privado, mantienen las necesidades que ha de cubrir el estado
español, formado por 46 millones de habitantes, por tanto el
sistema fiscal español está completamente desequilibrado.
El dato
más significativo y evitable, es que hay un exceso de empleados públicos,
los cuales no son ni médicos ni maestros ni cualquiera que desempeñe sus
funciones en los ministerios de sanidad y educación como nos quieren hacer ver.
El exceso
de empleados públicos procede de la clase política. En
España hay más de 400.000 cargos públicos,
entre los que se incluyen asesores y cargos de confianza.
Con tal
cantidad de cargos públicos, España se consolidad como el país de la UE donde
existe más cargos públicos. A modo de ejemplo, Italia, que
es el segundo país de la UE con más cargos públicos, cuenta con 200.000 cargos
públicos en un país de 60 millones de habitantes. Alemania, país con 80 millones de habitantes,
casi el doble que España, cuenta con poco más de 100.000 cargos públicos.
A estas
alturas de la crisis, y después de cuantiosas reformas y recortes; la
reforma laboral, la reforma del sistema financiero, la reforma de la educación,
congelar las pensiones, subir el IVA,
congelar las becas, congelar I+D+I, reducción del sueldo de los funcionarios,
reducción de las ayudas a la dependencia, y un largo etcétera….muchos ciudadanos se
preguntan, ¿no habría que reducir el estado?
Efectivamente, este artículo pone de manifiesto el lastre que
arrastramos con esta carga estructural de semejante magnitud, y es de justicia establecer
un procedimiento que permitiera reducir drásticamente esa cantidad de cargos públicos
innecesarios.
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